Según el informe 2010 de Amnistía Internacional, las autoridades marroquíes intensificaron las restricciones impuestas a quienes propugnaban la autodeterminación del Sahara Occidental. Se siguió sometiendo a defensores de los derechos humanos, activistas y otros miembros del pueblo saharaui a actos de hostigamiento –como estrecha vigilancia, amenazas y agresiones de agentes de seguridad, y procesamiento por motivos políticos–, aparentemente para disuadirlos de expresar sus opiniones y documentar violaciones de derechos humanos o castigarlos por ello.