Es de recordar que, por sus graves características y magnitud, la desaparición forzada o involuntaria debe ser erradicada y no tolerada por ningún Estado. Gracias a la movilización internacional impulsada por la Federación Internacional de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de América Latina y otras organizaciones de derechos humanos, la Comunidad Internacional adoptó, en diciembre del 2006, la Convención para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ocho años después, seguimos con mucha preocupación por la persistencia de este crimen condenado internacionalmente.

En el caso del Sáhara Occidental, del cual parte de su territorio está ocupado por el Reino de Marruecos, nos preocupa que la potencia ocupante marroquí, pese a haber firmado, y ratificado [1], la Convención anteriormente citada, sigue practicando la desaparición forzada y sigue sin dar los pasos pertinentes tanto para criminalizarla en sus leyes internas, como para facilitar la búsqueda del paradero de los más de 400 desaparecidos saharauis que existen en la actualidad.

AFAPREDESA exige la verdad sobre el paradero de los desaparecidos saharauis, la justicia y la reparación pertinente para las víctimas. Exigimos que el Reino de Marruecos facilite, sin más demora,  una investigación judicial exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos relacionados con las desapariciones forzadas y otras graves violaciones graves cometidas contra los ciudadanos saharauis. Dicha investigación judicial no podría ser creíble y parcial sin la participación de las organizaciones de derechos humanos saharauis, marroquíes e internacionales. La impunidad de la que gozan los responsables de esta práctica, es la principal causa de la perpetuación de las graves violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.

Las autoridades  marroquíes deben informar, igualmente, sobre las circunstancias de la detención arbitraria y del secuestro de todos los desaparecidos, así como la localización y entrega de sus restos mortales a los familiares, con las correspondientes exhumaciones e identificaciones de los cuerpos por expertos independientes.  Solo de esta manera, los familiares de los desaparecidos podrían poner fin a su interminable duelo.
Igualmente, AFAPREDESA exige la implicación directa del Estado español, ya que la mayoría de los desaparecidos tienen la nacionalidad española y fueron secuestrados cuando aún España ejercía oficialmente de potencia administradora, condición que sigue manteniendo de iure, según la legislación internacional vigente, en la actualidad.

Por su parte, reclamamos que Naciones Unidas, en su calidad de garante de los Convenios Internacionales y de responsabilidad hacia el pueblo saharaui hasta que se culmine el proceso de descolonización, haga efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas y otros crímenes contra la humanidad perpetrados en el Sáhara Occidental.